España es uno de los países
europeos que menos invierte en el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales que garantizan el ejercicio de los derechos básicos. Este año,
además, afrontamos los presupuestos generales más restrictivos de la
democracia, a lo que hay que añadir un recorte adicional de 10.000 millones de
euros en sanidad y educación aprobado por el Consejo de Ministros. Todo ello,
en un momento en el que 1,7 millones de familias tienen a todos sus miembros en
paro. La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios
Públicos convoca una manifestación que el domingo 29 de abril recorrerá las
calles de la capital para exigir la adopción de políticas más equitativas que
nos permitan superar la crisis que la FRAVM apoya.
Según datos del Eurostat, la inversión
española en el mantenimiento de los servicios públicos fue, en 2009, el 25% del
PIB, muy por debajo de la media de la UE-15 (30,3%) y de la UE-27 (29,5%).
Esa inversión se ha ido reduciendo
paulatinamente y ha alcanzado niveles ínfimos tras la aprobación de los
Presupuestos Generales de 2012, los más restrictivos de la joven democracia
española, a los que ha seguido un recorte adicional de 10.000 millones de euros
en educación y sanidad.
La reducción, en 3.000 millones de
euros, en Educación masificará las aulas y supondrá una sobrecarga de horas
lectivas, la no cobertura de las bajas de los docentes, una alarmante reducción
de becas y la ya anunciada subida de las tasas universitarias.
Los 7.000 millones de euros adicionales
recortados en el presupuesto destinado a financiar la sanidad pública abre más
aún las puertas a la privatización de la sanidad y dará lugar, a buen seguro,
al cierre de centros sanitarios, como ya ha sucedido con el centro de
especialidades de Fuencarral, una clausura que obliga a sus más de 70.000
usuarios potenciales a acudir a ambulatorios alejados de sus barrios, una
medida que cercena el principio de accesibilidad establecido por la Ley General
de Sanidad.
Hay que sumar a todo ello la última
medida anunciada por el Gobierno: la retirada de la tarjeta sanitaria a las
personas inmigrantes que, aun estando inscritas en el padrón, carecen de
tarjeta de residencia, un flagrante incumpliendo del mandato constitucional que
obliga a los poderes públicos a garantizar y a tutelar la salud pública del
conjunto de la ciudadanía.
Por último, nos enfrentamos al anuncio
de la definición de una nueva cartera básica de servicios del Sistema Nacional
de Salud, que distingue una cartera común básica de servicios asistencial; una
cartera común suplementaria y la de servicios accesorios, que podrá incorporar
un repago según el tramo mediante el aseguramiento privado o el pago efectivo
en el momento de la prestación, lo que deja en la más absoluta desprotección a
las personas enfermas y a los mayores. Por primera vez en la democracia, 8
millones de pensionistas participarán en el copago farmacéutico.
Frente a este ataque sin precedentes a
los servicios públicos, las organizaciones sociales reunidas en la Plataforma
Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos demandan una
revisión de los plazos de cumplimiento de reducción del déficit, de manera que
los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento del gasto
que garantiza la protección social de la ciudadanía.
El mantenimiento y mejora del Estado del
Bienestar, garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la
superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad
y el progreso individual requiere una reforma integral del sistema fiscal.
Por todo ello, invitan a la ciudadanía a
sumarse a una manifestación que partirá el domingo 26 de abril a las 12h de la
plaza de Neptuno y finalizará en la Puerta del Sol.
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